¿Puedo negarme a la instalación del ascensor?

La instalación de ascensor en una comunidad resulta una obra de cuantía elevada y por tanto, discutida y mal avenida en la mayoría de casos. Todo ello, sumado a cierta confusión que plantea la LPH en la redacción de los arts. 10.1b y 17.2.

¿Puedo negarme a la instalación del ascensor? es una de las preguntas más recurrentes.

Y para contestar a ella, debemos tener en cuenta diferentes aspectos:

¿Está promovido desde dentro de la propia comunidad?, ¿viene por parte de la Administración?

Si la instalación parte desde una iniciativa de la propia comunidad, debemos tener en cuenta lo siguiente:

  • Si atendemos al art. 10.1b, entenderemos que es obligatoria su realización, con el fin de garantizar la accesibilidad universal al edificio y sean requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes.
  • Por el contrario, en aplicación del art. 17.2 LPH, resulta no obligatorio, al dejar sin efecto lo establecido en el artículo 10.1.b, requiriendo el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación, entendiendo tal mayoría como una mayoría simple. De forma que quedarán obligados a la realización, si el importe de la derrama es inferior a 12 veces la cuota ordinaria mensual.

Por lo tanto, podemos decir que la instalación de un ascensor que tenga por motivo, salvar las barreras arquitectónicas, siempre y cuando, no supere 12 veces la cuota mensual ordinaria, descontadas las ayudas y subvenciones correspondientes, resultará obligatoria y por tanto, asumirán directamente como obligatoria la correspondiente derrama todos los propietarios. Si por el contario, superara la cuantía señalada y/o no cumpliera el resto de condicionantes, estaremos a lo determinado en el art. 17.2 LPH, requiriendo la aprobación de la (doble) mayoría simple, tanto de cuotas de participación, como de propietarios.

Por el contrario, si la instalación del ascensor viene a instancia de la Administración, basada en el art. 111 de la Ley 2/2011 de economía sostenible, devendrá obligatoria, incluso cuando, la ejecución de la misma, supere lo establecido en el art. 17.2 LPH. Es decir, no cabe votación de los propietarios, siendo suficiente la presentación de la derrama correspondiente para sufragar las obras determinadas por la Administración, es este caso el ascensor.

Comunidad condenada por cortar el agua.

El mismo tribunal que los declaró ilegales diez años atrás, rechaza que los vecinos se tomen la justicia por su mano, y más, cuando han estado cobrando el servicio.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una comunidad de propietarios a pagar las obras para restablecer los suministros de agua caliente y fría que había cortado a unos trasteros usados ilegalmente como áticos. A pesar de que no podían ser usados como vivienda, la resolución del tribunal (cuyo texto puede consultar aquí) rechaza que los vecinos puedan tomarse la justicia por su mano y desmontar el sistema de tuberías porque, según explica, el servicio no había sido impugnado judicialmente. De hecho, la comunidad había estado cobrando el consumo de agua a sus propietarios durante todo ese tiempo.

El conflicto entre los propietarios de los trasteros-ático y el resto de vecinos venía de lejos. En 2008, la comunidad les llevó a juicio y consiguió que la Audiencia (en una sentencia cuyo texto puede consultar aquí) declarara que era ilegal convertir esos espacios en zonas habitables. En dicha resolución, el tribunal afirmó que los trasteros en cuestión no cumplían «en modo alguno» la normativa mínima exigible para constituir una vivienda aunque estuvieran dotados de suministro de luz, agua y calefacción, y el ayuntamiento los hubiera computado a efectos del pago de la tasa por basura. Además, tal y como recogía la sentencia, era patente que la comunidad estaba en contra de esta situación, que habían denunciado a través de múltiples reclamaciones ante diferentes organismos públicos.

El tribunal negó además la posibilidad de legalizarlos. El hecho de que estuvieran dotados de servicios comunes y de haber contribuido a su pago (se les cobró su parte en la compra del ascensor) no podía, en palabras del tribunal, «contribuir a legalizar una situación manifiestamente contraria a los Estatutos y la propia Ley de Propiedad Horizontal». En cambio, se les reconoció el derecho a seguir manteniendo los servicios de agua, luz y calefacción que venían disfrutando y cuyo cierre se había solicitado. Como explica la sentencia, dichos suministros habían estado desde el principio de la construcción a la «vista, ciencia y paciencia» de la comunidad.

Vía de hecho

Diez años después, en junio de 2018, son los propietarios de los trasteros los que acudieron a los tribunales para impugnar el acuerdo de la comunidad que decidió cortar el suministro de agua a dichos anejos. Un pacto que fue ejecutado aprovechando las obras de rehabilitación de uno de los vecinos en su casa. La sentencia de instancia les dio la razón, anulando el acuerdo y obligando a los demás propietarios a realizar a su costa las obras necesarias para restablecer el suministro. La comunidad apeló entonces, alegando que dicha decisión estaba amparando una situación ilegal, que se trataba de una toma de agua irregular sobre la general y que se incurría en abuso de derecho. Sin embargo, la Audiencia rechaza esta argumentación y recuerda, si bien se había declarado ilegal su uso como viviendas, esos espacios tenían derecho a mantener los servicios.

En su sentencia, el tribunal reprocha a los vecinos que hayan acudido a la vía de hecho para interrumpir el servicio de agua al trastero de la demandante, que, por otro lado, contaba con el beneplácito judicial. Como señalan los magistrados, el hecho de que no puedan reconvertirse en vivienda no justifica que la comunidad les prive del suministro de agua que venían disfrutando durante muchos años.

El tribunal aplica la conocida doctrina de los actos propios, que impide amparar comportamientos contradictorios. En este sentido, subrayan los magistrados, la propia comunidad había venido respetando el servicio y percibiendo durante años el pago, como prueba los correspondientes recibos, de los consumos de agua del trastero en cuestión, generando en sus dueños una expectativa legítima de apariencia de buen derecho. Una actitud de la que, posteriormente, no puede desdecirse o simular que había sido una situación ficticia.


Bibliografía:

ESTEBAN, P. (02 de abril de 2019). EL PAÍS. Obtenido de: https://elpais.com/economia/2019/04/02/mis_derechos/1554201525_703643.html#?prm=copy_link

Tendencias que revolucionarán las comunidades de vecinos en el futuro

Todas estas nuevas formas de interaccionar con el entorno han llegado ya al sector de la vivienda, cambiando las relaciones entre los vecinos. Una tendencia que ya es palpable, pero que irá avanzando a medida que se desarrollen las ciudades inteligentes.
Juntas de vecinos en streaming.
Los propietarios cada vez tienen menos tiempo, y muchos no pueden asistir a las juntas de vecinos. La opción de hacerlas por streaming desde cualquier lugar, y poder decidir mediante el voto online, es una práctica que en 2018 se popularizará.

Fuente: https://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/8890188/01/18/Tendencias-que-revolucionaran-las-comunidades-de-vecinos-en-el-futuro.html